Gran Hermano España: empieza el juicio por un caso de abuso sexual dentro de la casa

Comenzó este martes, en Madrid, el juicio contra un participante del famoso reality Gran Hermano, acusado de abusar sexualmente de una compañera en plena grabación del programa, durante 2017. Los hechos ocurrieron en la casa donde se grababa el programa emitido por Telecinco, el canal más visto en España.

La denuncia la hizo la propia víctima, Carlota Prado, quien acusó a un compañero con quien «había comenzado una relación sentimental”. Dijo que José María López abusó sexualmente de ella, cuando se encontraba bajo los efectos de una fuerte borrachera, en una de las habitaciones de la casa y bajo la mirada de las cámaras.

Según la fiscalía madrileña, el hombre aprovechó que la mujer estaba en»estado de semiinconsciencia»y, tapados ambos bajo un edredón, realizó «tocamientos, frotamientos y movimientos de contenido netamente sexual, despojando a la víctima de su vestimenta».

La joven «hasta en dos ocasiones levantó la mano como queriendo decirle que parara» y llegó a balbucear «no puedo», escribió la fiscalía en un comunicado.

Pasados unos diez minutos, cuando la joven se destapó la cara y dejó ver «su estado inerte», fue cuando intervino uno de los técnicos «encargado del visionado de la grabación».

«Jamás me preguntaron si yo quería ver eso»

Las imágenes nunca fueron emitidas y el asunto no salió a la luz hasta dos años más tarde, cuando la prensa reveló en 2019 que Prado había tenido que ver las grabaciones a la mañana siguiente en una sala aislada denominada «Confesionario de Gran Hermano»

Un video de este interrogatorio que fue difundido por un medio en internet mostraba a la joven llorando e implorando que cesaran las imágenes. «Jamás me preguntaron si yo quería ver eso. Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no», contó a un medio español.

Endemol Shine Group, propietaria de la productora del programa, lamentó en 2019 «que la conversación en la que (la víctima) fue informada tuviese lugar en el confesionario».

La fiscalía pide para el acusado dos años y seis meses de prisión y pagar a la víctima una indemnización de 6.000 euros. Una suma idéntica es exigida a la productora Zeppelin Televisión por «los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas».

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