Avanzada antiderechos de la mujer: ¿Qué se está preparando en Salta?

La detención en Salta, por algunas horas, de una médica que garantizó el acceso a una Interrupción Legal de Embarazo (ILE), no parece casual. Salta es la única provincia en donde avanza una demanda en la justicia federal para frenar la aplicación de la Ley 27.610 que legalizó el acceso al aborto dentro de las 14 semanas de gestación, votada por el Congreso.

Soledad Deza en su intervención en el Congreso durante el debate por la ley de ILE. (Fuente: Prensa HDCN)
Soledad Deza en su intervención en el Congreso durante el debate por la ley de ILE.. Imagen: Prensa HDCN

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por dos votos contra uno, concedió a un grupo de personas encabezado por la exsenadora nacional y actual diputada provincial Cristina Fiore Viñales –de militancia celeste–y con el patrocinio legal del ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra y el constitucionalista Alberto Bianchi –conocidos abogados antiderechos– la legitimidad que reclamaban para litigar contra la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). En primera instancia, su planteo había sido rechazado pero acaba de ser avalado en segunda instancia. El Estado va a recurrir esa sentencia por gravedad institucional. Según pudo saber Página 12, estaría trabajando en un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de la Nación, del mismo modo que tres organizaciones de derechos humanos, que intervienen en la causa, Mujeres x Mujeres, Amnistía Internacional y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. “Esta situación exige la intervención urgente de la Corte para poner orden tanto en el proceso, como en las discusiones sociales sobre la ley 27.610. Hay una política pública sanitaria en juego y no puede quedar a merced de los conservadurismos religiosos locales”, consideró la abogada Soledad Deza, de M x M.

Fiore fue una activa militante contra la Ley de IVE en 2018, cuando ocupaba una banca en el Senado por el Partido Renovador. En 2019, su partido integró una alianza que impulsaba a Alfredo Olmedo como candidato a gobernador y se convirtió en diputada provincial.

Luego de la sanción de la Ley de IVE, se presentó junto a otras personas en la justicia para pedir la inconstitucionalidad de la norma. La Cámara Federal de Apelaciones le acaba de abrir el camino. La sentencia fue dictada el 27 de agosto. La firmaron los jueces Alejandro Castellanos y Guillermo Federico Elías. La tercera magistrada, María Inés Catalano, votó a favor de rechazar el recurso.

En primera instancia, el Juzgado Federal N° 1 de Salta había desestimado la acción por considerarla improcedente. Del mismo modo ya fueron rechazados 21 de los 35 planteos similares presentados por distintas personas en diferentes provincias.

Salvo esta demanda en Salta, los demás están todavía en trámite, sin resolución. En todos los casos, los rechazos se basaron en la falta de legitimación para reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de IVE y en la ausencia de un “caso judicial” en el que se vieran afectados los derechos reclamados, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema en el fallo Thomas, donde se cuestionaba la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El oficial retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión y su partido NOS están entre quienes llevaron adelante ese tipo de acciones.

“Es grave esta sentencia porque considera que un par ciudadanos salteños, encabezados por una senadora mandato cumplido que tuvo un rol protagónico para oponerse a la Ley de IVE en 2018, sí tienen legitimación y sí tiene un caso, violando los antecedentes de la Corte Suprema”, explicó la abogada feminista de Mujeres x Mujeres, Soledad Deza.

–¿Piensa que hay una acción orquestada entre este fallo y la detención de una médica en Tartagal en el marco de una investigación penal por la realización de una ILE? –le preguntó Página 12.

–Hay que mirar el panorama completo. Hace un mes, desde el Ministerio de Salud de la Nación advirtieron que en Salta se estaba supeditando la atención de las ILE y las IVE a una denuncia previa en la Línea 0800 de Salud Sexual, un requisito innecesario. Luego aparece esta denuncia penal hacia una médica que habría garantizado la atención en el marco de la ley, a quien detienen por algunas horas como una forma de amedrentamiento, como buscando disciplinar al personal médico que atiende abortos. Y de fondo está el fallo de la Cámara Federal, que habilita a litigar a un grupo de ciudadanos que están intentando revertir la voluntad popular expresada en una ley sancionada por el Congreso. Me parece que hay un alzamiento contra las decisiones democráticas. Y se utiliza el poder patriarcal de la justicia para intentar imponer a la ciudadanía una forma de vida que no ha obtenido consenso. Los tribunales resuelven conflictos. Tiene que haber un afectado que reclame la protección de un derecho y acá no existe.

–¿La Ley de IVE podría estar en riesgo?

–Abriría la instancia para la discusión colectiva judicial del derecho a decidir abortar y de la desincriminación del aborto dentro del primer trimestre; y al mismo tiempo permitiría el absurdo de que en virtud de la disconformidad o el desacuerdo de un grupo de ciudadanos con la Ley 27.610, se llegue la derogar por una vía incorrecta. La legitimidad de la ley ya se discutió cuando se consiguieron los consensos legislativos. No puede desde una provincia inocultablemente conservadora, ignorarse el sistema republicano de gobierno.

–¿La discusión va a llegar a la Corte Suprema?

–Desde Mujeres x Mujeres junto a Amnistía Internacional y ELA nos presentamos como terceras en esta causa hace tiempo. Ahora estamos trabajando en un recurso extraordinario porque existe gravedad institucional en la sentencia y un perjuicio irreparable en el horizonte de prosperar el proceso en este sentido, ya que este tipo de decisiones judiciales a contrapelo del derecho configuran un escándalo jurídico que resiente los principios de división de poderes y perjudica a toda la ciudadanía. Esta situación exige la intervención urgente de la Corte para poner orden tanto en el proceso, como en las discusiones sociales sobre la ley 27.610. Hay una política pública sanitaria en juego y no puede quedar a merced de los conservadurismos religiosos locales.

–¿Le llamó la atención la celeridad con la cual fue detenida la médica que intervino en la ILE?

–Si bien los fiscales tienen facultades para detenciones preventivas, deben ser excepcionales: cuando hay sospecha de que la persona intenta fugarse o sustraerse de la justicia. Si se cree que hay un hecho ilícito el fiscal tiene que investigar, pero privarla de libertad solo ante la sospecha no es una decisión acorde a los estándares de derechos humanos vigentes. Entonces, trasluce una decisión judicial que es más política y mediática que jurídica porque busca disciplinar más que llegar a descubrir una verdad objetiva en un conflicto. Los principios de inocencia y de libertad en la investigación que rigen para todo ciudadano en nuestro sistema constitucional también le caben a la médica como a cualquier persona que está investigada penalmente.

–Es raro que una joven sea obligada a abortar como se denunció…

–Es difícil pensar que una persona puede ser obligada a abortar, porque a diferencia de los conservadurismos religiosos y políticos, el personal de salud que trabaja en estos casos para apuntalar el derecho a decidir es muy comprometido con su profesión y muy respetuoso de las decisiones de sus pacientes. Así como no obliga a parir, no obliga a abortar.

Fuente Pagina 12

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