Denunciaron por prevaricato a la jueza que suspendió la aplicación del IVE en Chaco

La ONG Católicas por el Derecho a Decidir evalúa pedir un jury de enjuiciamiento contra la magistrada. “Advertimos que la jueza no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos”, señalaron

Denunciaron por prevaricato a la jueza que suspendió la aplicación del IVE en Chaco

La ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) denunció este viernes a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que dio curso a una medida cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia, donde la ONG acusó a la magistrada de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones que dictan los jueces “no están fundadas en derecho o parten de hechos falsos”, señaló un comunicado de la CDD.

“La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs”, dijeron las denunciantes.

La jueza Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada por activistas contrarios al derecho al aborto.

“Advertimos que la jueza no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos”, señaló la ONG.

“Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional”, agregó el comunicado, en el que también se caracteriza a la magistrada como “una reconocida militante antiderechos”.

Las integrantes de CDD dijeron además que el esposo de la jueza, Ernesto Trotti, “formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña”.

Según la denuncia, “la situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; dado que es el Poder Legislativo quien dicta normas erga omnes -es decir, para todos- por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla”.

Según CDD, las suspensión del IVE “deja a las mujeres y personas gestantes chaqueñas en situación de ciudadanas de segunda respecto de sus conciudadanas en el país, en tanto no pueden acceder al derecho adquirido de interrumpir el embarazo voluntariamente hasta la semana 14 inclusive”.

La abogada Mónica Menini, miembro de CDD, dijo que el fallo de la jueza es “de una gravedad institucional importante” y que evalúan pedir un “jury de enjuiciamiento” a esa magistrada.

Al explicar la denuncia penal que esa ONG católica presentó contra la jueza, Menini dijo que forma parte de “una estrategia jurídica amplia, es por el delito de prevaricato; hay una gravedad institucional importante” dado que es “una jueza del fuero civil, en feria, que ha tomado la decisión de suspender una ley de Congreso de la Nación, de orden público”.

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