El represor del temible Batallón de Inteligencia 601 que puede volver a juicio

Ocupaba cargos clave en la dependencia. El juez Daniel Rafecas lo había procesado por los secuestros de Ofelia Ruiz Paz de Santucho y María Ofelia Santucho, que fueron llevadas a Puente 12.

El Batallón 601 tenía su sede central en Viamonte y Callao, pero repartía espías y torturadores en todo el país. 

El Batallón 601 tenía su sede central en Viamonte y Callao, pero repartía espías y torturadores en todo el país.  

Uno de los jerarcas del temible Batallón de Inteligencia 601 del Ejército vuelve a encaminarse hacia tener que rendir cuentas por sus actos durante los años del terrorismo de Estado, después de una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la falta de mérito con la que lo había beneficiado la Cámara Federal porteña. Se trata de Walter Roque Minod, a quien el juez federal Daniel Rafecas había procesado a fines de 2019 por los secuestros de dos mujeres que fueron llevadas al centro clandestino conocido como Puente 12.

La plana mayor del Batallón 601 tenía cinco casilleros. De esos cinco, Minod ocupó dos entre fines de 1975 y mediados de 1976. Era nada menos que el jefe de Personal — conocido como S1 — y el Jefe de Logística — S4 — de la dependencia que tenía su sede central en Viamonte y Callao, pero repartía espías en todo el territorio y torturadores en la mayoría de los centros clandestinos. Es decir que ese capitán de Ejército tenía bajo su control el personal y los elementos necesarios para el plan represivo, según reconstruyó Rafecas al momento de procesarlo.

Minod firmó el 25 de agosto de 1976 la calificación de uno de los personajes más siniestramente célebres del Batallón 601, Carlos Españadero, actualmente en juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo sucedido a ocho víctimas que fueron secuestradas en 1975 y trasladadas al centro clandestino de detención que funcionaba en la División Cuatrerismo de la policía bonaerense, ubicada en Puente 12. Firmar una calificación ponía a Minod en un rol de superioridad con respecto a Españadero, un militar retirado devenido en personal civil de inteligencia (PCI) y conocido como “Mayor Peirano” o “Mayor Peña”.

En diciembre de 2019, Rafecas procesó a Minod como autor mediato en los secuestros de dos de las víctimas de su subordinado, Ofelia Máxima Ruiz Paz de Santucho y María Ofelia Santucho, secuestradas el 8 de diciembre de 1975 de su casa en Morón y llevadas a Puente 12, donde un “mayor” interrogó a María Ofelia sobre el paradero de su tío, Mario Roberto Santucho, el líder del PRT-ERP.

Minod apeló. Dijo que el organigrama del Batallón 601 no era tan transparente como se creía: que no todas las jefaturas tenían la misma incidencia y que él estaba únicamente en los papeles en la plana mayor de ese organismo, que él se dedicaba únicamente a tareas administrativas y que nunca había tenido nada que ver con las operaciones. Además, se excusó diciendo que él no había conocido a Españadero, que nunca había estado en comisión en provincia de Buenos Aires y que, en todo caso, el “mayor” dependía del entonces jefe del Batallón, Alberto Alfredo Valín, ya fallecido. La Sala I de la Cámara Federal porteña le creyó el descargo y anuló el procesamiento el 2 de abril pasado. 

Contra la decisión de la Cámara se presentó la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, que sostuvo que la decisión de los camaristas no sólo era infundada, sino que reflejaba un “objetivo dilatorio”. El fiscal ante la Casación Raúl Plee coincidió con su colega y el abogado querellante Pablo Llonto también reclamó que anularan la decisión de la Sala I de la Cámara Federal.

El 29 de diciembre pasado, al filo de la feria judicial, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal — integrada por los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos — les dio la razón y ordenó que la Cámara dicte un nuevo fallo.  

Carbajo, por su parte, sostuvo que debía ratificarse el procesamiento dictado por Rafecas. “En las causas en que se juzgan delitos de lesa humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto en el que se desarrollaron los hechos como los que aquí se investigan y, mucho menos, del carácter clandestino de las operaciones que, en principio, en esta ocasión se habrían llevado a cabo”, escribió el juez que presidió el acuerdo.”No resulta menor en el caso la categoría funcional del imputado en ese organigrama jerárquico quien, a estar a lo que surge de las actuaciones, ostentaba un cargo de relevancia dentro de la Plana Mayor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino y, desde su especial posición, a partir de las tareas delimitadas (capitán de Infantería, oficial de Personal y oficial de Logística) podía llegar a considerarse una pieza clave en la Unidad Militar que operaba clandestinamente en el CCD ‘Cuatrerismo’ en la época en la que acontecieron los hechos”, completó Carbajo.

Como informó días atrás este diario, justo antes del inicio de la feria, Rafecas envió a juicio a cinco represores que actuaron en Puente 12. Entre ellos están Carlos Alberto Tarantino (77), Ángel Salerno (79), Néstor Ciaramella (68) y Enrique Osvaldo Gauna (79), a quien lo recuerdan otros policías como “Péndulo” por su forma de andar bamboleante. 

Con ellos fue elevado otro agente del Batallón de Inteligencia 601 llamado Enrique José del Pino. Al igual que Españadero, Del Pino –conocido como Miguel– era uno de los interrogadores que enviaba el Batallón a los centros clandestinos como una de las formas estratégicas que tenían los altos mandos de la dictadura para reunir inteligencia para que la maquinaria de secuestros y muertes nunca se apagara. 

Como la situación de Minod estaba a la espera de resolución en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, no fue de la partida. Sin embargo, si los camaristas siguen los lineamientos de los casadores, el exjerarca del 601 pronto podría unírseles.

Fuente Pagina 12

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