Un informe demuestra que en Tucumán se criminaliza el aborto legal

El informe, de la Fundación Mujeres x Mujeres, encontró en datos entregados por la justicia que existe una persecución contra las mujeres pobres, criminalizadas en causas que, muchas veces, ni siquiera son calificadas como delitos, como “aborto natural” o “aborto espontáneo”, pero son detenidas.

El caso de Belén, condenada y finalmente absuelta por la Corte tucumana, es emblemático. 

El caso de Belén, condenada y finalmente absuelta por la Corte tucumana, es emblemático.  

Mientras el presidente Alberto Fernández deshoja la margarita para ver cuándo envía al Congreso el proyecto de despenalización y legalización del aborto que prometió en su campaña electoral, en Tucumán se sigue persiguiendo penalmente a mujeres que abortan, incluso cuando se trata de interrupciones legales de embarazo. Si llegan con complicaciones de una práctica insegura a atenderse en un hospital pueden terminar con una denuncia judicial en su contra y la amenaza de ir presas. Como le sucedió a Belén, la joven que estuvo encarcelada casi tres años luego de sufrir un aborto espontáneo, fue condenada por la Sala III de la Cámara Penal y terminó absuelta por la Suprema Corte de esa provincia. A partir de un pedido de información en los tribunales, la Fundación Mujeres X Mujeres encontró que se abrieron 314 procesos con la palabra “aborto” en su carátula entre 2013 y 2019. La misma organización había detectado 534 causas con esas características entre 1992 y 2012. “Eso quiere decir que desde 2012 en adelante, cuando la Corte Suprema dictó el histórico fallo F.A.L. los procesos de aborto en Tucumán casi se duplicaron por año y pasamos de un promedio de 26 a 44. No nos cansamos de repetir: en Tucumán sí se criminaliza el aborto”, advirtió a Página|12 la abogada feminista Soledad Deza, quien logró la libertad de Belén y forma parte de M x M.

De este total de 314 causas:

* 165 se abrieron como “abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual simple –aborto provocado”, es decir, situaciones en las cuales la interrupción de embarazo sería legal por estar contemplada en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal.

* 34 procesos penales de los informados por el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal tienen carátula de “aborto natural”, “aborto incompleto” o “aborto espontáneo”, eventos obstétricos que no son delito y que no se deberían perseguir.

* 81 de los procesos se caratulan como “aborto” o “aborto provocado”, a secas, “lo cual deja entrever que allí están exclusivamente acusadas las mujeres.

* 24 causas dicen aborto – abuso de funcionario público / incumplimiento de deberes, que es cuando están involucrados médicos.

Sólo en los dos últimos años, 2018 y 2019 se registraron 36 causas de “aborto”, entre ellas dos causas de “Aborto, hallazgo” y una de “Actuaciones aborto”, donde no quedan dudas que la persecución punitiva está dirigida a las mujeres que abortan. “Llama la atención las carátulas de muchas de las causas: aborto espontáneo, aborto natural, aborto incompleto. Ninguna de esas figuras son punibles”, observó Deza.

La abogada junto a su colega Mariana Álvarez, docente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, publicaron hace 6 años una investigación, plasmada en el libro Jaque a la Reina, en la que relevaron expedientes a lo largo de 20 años abiertos en esa provincia, y evidenciaron la criminalización del aborto en Tucumán. “En diciembre del año pasado iniciamos otra vez el arduo trámite de acceder a la misma información pero entre 2013 y 2019. No fue fácil acceder a datos oficiales. Pero hace un par de días lo logramos en el Expediente N° 5954/20. Los números no son auspiciosos y nos llevan a confirmar que en Tucumán nos siguen persiguiendo por abortar. Esa primera investigación mostró la criminalización de eventos obstétricos adversos en sus múltiples expresiones. Abortos provocados, abortos espontáneos, abortos naturales y tentativa de aborto -hechos de la vida fértil que no son un delito- eran parte de las 534 causas que tenía la triste historia penal de Tucumán entre 1992-2012.”, indicó Deza.

Jaque a la Reina también analizó a quiénes perseguían los tribunales penales de la capital tucumana y mostró el sesgo de género y de clase de las causas. El 97 por ciento de los procesos se dirigía a acusar a las mismas mujeres que abortaban. “Ese recorte de dos décadas evidenciaba infaliblemente que nuestra provincia era peligrosa para quien desafiaba el mandato patriarcal de maternidad obligatoria: sea por propia voluntad o aún sin quererlo, las puertas de la cárcel estaban al final del camino como una amenaza perturbadora. Nos gustaría decir que después de Jaque a la Reina el Poder Judicial de Tucumán cambió su rumbo y dejó de perseguir penalmente a mujeres que abortan. Nos gustaría también poder contar que los casos de Belén y María Magdalena –otra mujer criminalizada por tener un aborto espontáneo y revelado en su momento por Página|12— no fueron en vano. Nos gustaría que Tucumán no duela, pero eso no pasa porque nuevos datos nos muestran la misma realidad. Quizás incluso una peor”, reflexionó la abogada Mariana Álvarez.

Las abogadas explicaron que por el contexto de pandemia por coronavirus no pueden acceder físicamente a cada expediente por el momento, como hicieron antes. “No queremos dejar de compartir algunos datos que nos parecen alarmantes. Sobre todo, en momentos donde nuestro Gobierno duda si es o no es urgente tratar de revisar los consensos legislativos de criminalización del aborto y estamos en loop alegrándonos y desilusionándonos cada día con las novedades”, agregó Álvarez.

Fuente Pagina 12

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