“Que no explote”

Desde la implementación de las políticas de distanciamiento social, las calles han sido tomadas por una oposición diversa en la que confluyen sectores de la derecha, antivacunas y conspiranoides, entre otros. Con una gran crisis en ciernes y las movilizaciones vedadas, los movimientos populares se han volcado a la contención social y al desarrollo de políticas para enfrentarla. Sin embargo, las desigualdades se incrementarán y, frente a las formas que adquirió el conflicto con la policía, urge preguntarse: ¿cómo canalizarán el malestar las organizaciones sociales?

#17A, Buenos Aires (Kaloian Santos Cabrera)

Parece una cosa lejana, de otro tiempo, pero a finales de 2019, en América latina se hablaba de una primavera. Un ciclo de movilizaciones masivas, que tenían su epicentro en Chile pero que se replicaban también en otros países de la región, mostraba una diversidad de reclamos y descontentos acumulados y abría la pregunta sobre un posible hartazgo con el modelo neoliberal en el continente más desigual del mundo. A pesar de contar con una tradición ligada a la acción colectiva y de estar inmersa en una fuerte crisis económica, Argentina quedó afuera de esa ola. Esta vez, el malestar se había canalizado a través de las urnas.

La historia que vino después es conocida. A principios de 2020 la pandemia alcanzó a la región, y la distancia social se volvió política de Estado. Así, el ciclo de movilizaciones de América latina se vio, inevitablemente, interrumpido. En Argentina, sin embargo, aparecieron junto a la emergencia sanitaria, un conjunto de protestas de una naturaleza muy diferente. Con distintos repertorios y una capacidad de convocatoria más bien modesta, sectores de la oposición al gobierno de Alberto Fernández comenzaron a expresar un rechazo a las primeras medidas de aislamiento. Y durante los meses siguientes, traccionadas por dirigentes políticos y referentes sociales, esas protestas fueron ganando peso y capacidad de articulación, hasta consolidarse en un conjunto de movilizaciones durante las últimas fechas patrias: 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto.

Si bien hace tiempo que las derechas en Argentina están “en movimiento” (es posible reconstruir su presencia en las calles desde 2001 o en las marchas contra la inseguridad organizadas por Juan Carlos Blumberg), el fenómeno despierta una enorme curiosidad. Y esto sucede, entre otras razones, por el modo en el que en ellas convergen posiciones más clásicamente antiperonistas y antidemocráticas con otros discursos novedosos: teorías conspirativas, negacionismo científico, militancia contra la ideología de género, una defensa radical de la libertad individual y una oposición a toda regulación estatal, o a toda regulación estatal que exceda la función represiva.

Se trata de expresiones antisistema presentes en otras partes del mundo, que parecen advertir sobre una transformación en el horizonte de las nuevas derechas y el surgimiento de lo que algunos investigadores llaman un “individualismo autoritario”. En los últimos años, vimos emerger figuras que autorizan a las personas a odiar, a dejar libres nuestras pulsiones violentas. Como sugieren los trabajos de Ezequiel Ipar, estos liderazgos habilitan un tipo de agresividad que ya está presente en nuestras sociedades y que es producto de una sensación de incertidumbre e inseguridad propia de este tiempo. En vez de apaciguar esos sentimientos, estas figuras buscan darles un lenguaje: funcionan como un refugio ante un contexto que se vive como amenazante y hostil.

Sobredimensionamiento

Por todo eso, por el riesgo que contienen para las democracias, la descalificación inmediata de estas manifestaciones como irracionales no parece una salida oportuna. Pero tampoco parece oportuno emprender un análisis que no pueda situarlas de un modo más preciso en el contexto argentino actual. Que no contemple, por ejemplo, el esfuerzo de un conjunto de medios de comunicación y de dirigentes políticos sin responsabilidades ejecutivas (que no es cuestionado por aquel otro sector más “racional”) por sobredimensionar la incidencia real de esos discursos en nuestra sociedad, y así convocar al hartazgo, la desobediencia y la desesperación.

Frente al discurso consensualista de Alberto Fernández, que prácticamente no retoma nada de la discursividad clásicamente kirchnerista, la oposición insiste en reactivar un clima de polarización política y cultural. Ese clima, sin embargo, no parece ser el camino que eligió la sociedad argentina en 2019, ni el que parece elegir hoy. A pesar del leve descenso de los últimos meses, la imagen positiva de Alberto Fernández se mantiene cerca de un 60% y según revelan algunas encuestas recientes, un porcentaje más o menos similar de argentinos (57%) considera que “el movimiento anticuarentena expone a un riesgo al resto de la población”.

Pero sobre todo es necesario contrastar la enorme atención que reciben esas manifestaciones frente a otras demandas que, por la situación de aislamiento, tienen menor presencia en los debates cotidianos. Como señala la sociología de los problemas públicos, la transformación de un tema en agenda depende de una puja. Distintos actores presionan para conseguir el apoyo de públicos más amplios, en desmedro de otros potenciales problemas que también luchan por ser reconocidos. Considerando el volumen de movilización de la sociedad argentina, no es del todo absurdo preguntarnos: ¿por dónde y cómo se canalizan los reclamos de los sectores que habitualmente usan la calle como espacio de disputa y hoy no pueden o no quieren hacerlo? ¿Qué efectos tiene sobre la vida pública (y la discusión política) que esas demandas no tengan tanta visibilidad?

Recrudecimiento de las desigualdades

En Argentina, las organizaciones sindicales, sociales, feministas suelen instalar temas, cambiar agendas, tensionar a las fuerzas políticas y a sus dirigentes a tomar posiciones. Y parte de esa eficacia está vinculada a su capacidad de movilización. Sin embargo, muchas de esas organizaciones hoy están abocadas a la contención social de la pandemia en los territorios y muchas otras, que forman parte de la coalición de gobierno, a canalizar esas demandas a través de la gestión en el Estado. Ya sea impulsando un conjunto de leyes de protección frente al deterioro del mercado laboral (la ley antidespidos, la ley de doble indemnización, la ley de teletrabajo), la reactivación de las negociaciones paritarias (que desde junio avanzan en distintos sectores), el diseño de instrumentos de transferencia de recursos para trabajadores formales e informales (IFE, ATP) o la implementación de políticas con perspectiva de género (cupo laboral trans).

Pero el escenario social que dejará el COVID-19 (que ya sabemos no afecta a todos por igual sino que profundiza vulnerabilidades prexistentes) es lo suficientemente alarmante como para desconocer los conflictos sociales latentes. Es lo que empezó a vislumbrarse con las tomas de tierras en distintas provincias del país o incluso, de un modo más alarmante, con la movilización de la Policía Bonaerense. Aunque se trató de una protesta atravesada por muchos componentes, su principal motor fue un deterioro de los salarios y de las condiciones laborales, situación que los efectivos comparten con otros trabajadores estatales, entre ellos, los de la salud. Y lo que reveló este episodio, fundamentalmente, es la necesidad de contar con sistemas de representación capaces de elevar reclamos de forma ordenada, como un modo de anticiparse a la explosión de los conflictos.

Si al comienzo de este artículo recuperábamos el clima latinoamericano prepandemia es porque el virus no funciona como una tabula rasa: más bien parece acentuar o revelar con más crudeza fenómenos preexistentes. Los años por venir probablemente estén marcados por una intensidad menos vinculada a la tan mentada grieta como a la puja distributiva y al aumento de otras desigualdades, principalmente las de género, que durante estos meses se expresaron no solo a través de mayores casos de violencia y femicidios, sino de una crisis en el sistema de cuidados.

Según estima la CEPAL, Argentina va a estar, junto con Perú y Ecuador, entre los países latinoamericanos con mayor crecimiento de la desigualdad en términos de distribución de ingresos. Para ese grupo, se proyecta un aumento del índice de Gini de 6% o más en 2020. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo estiman que la pobreza y la indigencia podrían pasar del 35,6 al 40,2 por ciento y del 7,7 al 10,8 por ciento, respectivamente. Y todo eso en un contexto en el que, según algunas estimaciones, la economía argentina podría caer más de un 10 por ciento y se podrían perder entre 750.500 y 852.500 empleos.

En 2019, el malestar en Argentina no derivó en una explosión social generalizada gracias a la estrategia de unidad del peronismo bajo un liderazgo capaz de garantizar gobernabilidad a futuro y de establecer diálogos y acuerdos múltiples. Pero también la crisis social se evitó por el saber acumulado de las organizaciones que, a diferencia de 2001, movilizan pero también contienen, disputan espacios de poder, participan del Estado y de la gestión. Hoy esas mismas fuerzas políticas y esas organizaciones tienen el desafío, ante un momento de desigualdad creciente, de promover un proceso redistributivo y contener el malestar dentro de un marco institucional. Nada más peligroso para este contexto que la estrategia de un sector de la oposición de intensificar la polarización y propiciar la radicalización ideológica, que es el hábitat natural en el que esas expresiones antisistema, esa “derecha de la derecha” para utilizar un concepto de Gabriel Vommaro, logran germinar.

Fuente https://www.eldiplo.org/

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