El chineo, un abuso de poder disfrazado de práctica ancestral

Foto: Victoria Eger
Foto de portada: Victoria Eger

Nosotras las mujeres wichí somos celestiales, somos las dadoras de vida, las mujeres estrellas. Sin nosotras no hubiera existido la humanidad wichí. Nosotras fuimos las que educamos al macho que habitaba en la tierra, nosotras humanizamos al macho que estaba en la tierra. Nosotras educamos incluso sus instintos porque éramos mujeres estrella, mujeres celestiales, mujeres espirituales. Ese es el rol que tenemos nosotras como mujeres wichí. Y también es parecido a otros pueblos indígenas.

Octorina Zamora, representante wichí feminista

El chineo es la violación sistemática de niñas indígenas desde los siete años a manos de los “criollos”: hombres adultos, terratenientes, con poder político y económico. La práctica, con un fuerte componente machista y racista se remonta a la conquista española. Está enmarcada dentro del etnocidio que sufren los pueblos originarios desde hace cientos de años, que se ha acentuado con el extractivismo y la explotación de los cuerpos y los territorios, propio de los gobiernos neoliberales. Hoy, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en los montes de Salta y Chaco, y en otras provincias argentinas, el chineo sigue teniendo vigencia. 

Como explica Juana Antieco, mujer mapuche perteneciente al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir (en adelante, MMIBV), en diálogo con Feminacida, “no existe la justicia por la sencilla razón de que a las pocas mujeres que se animan a ir a la policía, no les recepcionan las denuncias. Más si se trata de hombres blancos, criollos, que tienen poder adquisitivo, que son amigos de los comisarios y de los jueces. Y además, hay muchas mujeres que no son hispanoparlantes. Es todo una cadena”. Y así se perpetúa y pasa inadvertida como violencia: este abuso de poder intenta enmascararse como una cuestión cultural ancestral y se encuentra naturalizado. Antieco asegura que desde la organización reclaman “acciones colectivas que ayuden a visibilizar el tema para que haya verdadera conciencia social” y que se entienda que es un “genocidio cultural, colonialidad y feminicidio racial, con el agravante de que son niñas de 8 a 11 años”.

Los “hombres blancos” van en grupo a cazar y pescar a lugares alejados. Allí sienten que todo lo que habita les pertenece: animales, plantas, niñas y mujeres por igual. Seila Pérez, mujer originaria perteneciente a la nación guaraní e integrante de la Liga Argentina por los DDHH, cuenta que “primero comienza por el acoso. Los criollos las persiguen con ‘piropos’ y engaños para ganarse la confianza de las niñas: ‘no corrás’, ‘no tengas miedo’, ‘no seas arisca’, ‘vení, charlemos’ y así. Acá las esperan a la salida de la escuela, las espían en los senderos. Por eso muchos padres y madres no se animan a mandar a sus hijas al colegio”. 

En ese sentido, Martín Yáñez, antropólogo forense del Ministerio Público de la Defensa de Salta, en diálogo con Feminacida, “los criollos lo toman como un juego o un rito de iniciación sexual, y se aprovechan de una cultura distinta”. Luego de los abusos, las devuelven a sus comunidades como si nada hubiera sucedido. 

Una práctica extendida en el tiempo

En otras partes del país también sucede. María Romero, mujer charrúa del pueblo Jaguar, describe el mismo tipo de conductas en estancias de Entre Ríos. “El patrón manda al peón (indígena) a trabajar durante días a kilómetros mientras les viola a las hijas y a la mujer. Los hijos también se las violan. Ellas no denuncian por miedo a que los dejen sin trabajo ni techo donde vivir”, dice a Feminacida. Antieco relata una situación similar en la provincia de Chubut: “A las jóvenes se las llevan a trabajar a las estancias y ahí son violadas por los capataces, los estancieros, los hijos de los estancieros. Y después en las escuelas y los internados, por los mismos directores. Hablamos de la gente que tiene algún poder o autoridad sobre esa mujer”. 

Por otro lado, Juana Antieco explica que la violación de mujeres indígenas sucede desde siempre pero que recién fueron conscientes de que era una práctica sistemática cuando hicieron la ocupación pacífica del Ministerio del Interior en 2019: “Desconocíamos cómo era en el norte. Ahí nos enteramos bien de cómo era el manejo de este delito. Está muy lejos de ser algo cultural porque no nació de los pueblos indígenas. Llegó con la colonización, con la instauración de la superioridad que cree tener la cultura occidental. Ocurre con las niñas indígenas, no ocurre con las blancas ni con las hijas de los criollos. Hay un atravesamiento de lo racial: este odio está reforzado por pertenecer a determinado origen étnico. La violencia es extrema: por ser mujer pero también por el odio y el desprecio que atraviesa la dominación y la imposición. Todas estas cosas hacen que la violencia sobre el cuerpo de las niñas sea sistemática”.

Durante un conversatorio sobre chineo organizado por el INADI Salta, Florencia González Brizuela, investigadora sobre feminismo, racismo y colonialismo, invitó a cuestionarse cómo y que aprendimos de la historia de nuestro país. Allí explicó que esta práctica encuentra se legitima a través de la educación y el derecho occidentalizados, acriollados, europeizados: “Al principio somos todos iguales menos los indígenas, por eso los exterminamos para ocupar su territorio. No lo estudiamos en la escuela, ni los pensamos a ellos como sujeto político sino como objeto”.

Una campaña para exigir al Poder Judicial

“Para poder visibilizar, crear conciencia en la sociedad y lograr redes con lxs compañerxs y las organizaciones. El objetivo central es erradicar esta práctica y modificar el código civil y penal, donde ya están previstas las condenas en relación a las violaciones, para que pueda haber una tipificación del chineo como crimen de odio”. Así explica Antieco la campaña “Basta de Chineo” impulsada por la organización que integra. Y agrega: “Queremos que sea declarado imprescriptible. No vamos a parar hasta estar en la agenda política y judicial para que esto realmente tenga condena”.

En esos cuerpos se juega la interseccionalidad de casi todas las opresiones. Algunos de los factores que operan son la discriminación de clase, étnica y racial, la dominación de un pueblo sobre otro, la pobreza, no hablar la misma lengua, el machismo y la falta de acceso a la educación (que implica una falta de información sobre sus propios derechos). 

Al consultarle a Juana Antieco sobre el rol que deben adoptar lxs periodistas para poder acompañar esta campaña afirmó: “Necesitamos mucho de lxs amigxs comunicadores porque es la única forma de crear conciencia. Esto en los medios hegemónicos de comunicación no sale. El tema indígena no importa. Si violan a una niña indígena es una niña más. Y esto también es una crítica constructiva a determinadas corrientes del feminismo que tampoco les importa. En cambio, sí importa y sí sale cuando es una jovencita blanca”.

En el movimiento reciben testimonios de víctimas de chineo. Aseguran que muchas mujeres y niñas se sienten vulnerables y temen represalias. “Es realmente complejo lograr que las mujeres se animen a hablar, a testimoniar, a compartir el dolor por este hecho aberrante que les tocó vivir en su vida. Porque no sólo vivieron ellas como madres o abuelas sino que hoy amenazan a sus hijas”, cuenta Antieco. 

El caso Juana

Juana es una niña wichí de Alto de la Sierra. Su nombre, que en realidad es ficticio para proteger su identidad, cobró especial visibilidad cuando quedó embarazada y no pudo acceder a un aborto, luego de ser abusada a sus 12 años por ocho hombres criollos. Juana tiene una discapacidad motriz y mental, vive en condiciones de extrema pobreza, es analfabeta y, al momento de la violación, el 29 de noviembre de 2015, no hablaba castellano. Además, al hacerle los testeos de ADN resultó que no correspondía con el de ninguno de sus abusadores imputados. A Juana la venían abusando desde antes, más personas que las denunciadas. 

Martín Yáñez, perito en el caso de Juana, cuenta que fue la madre quien realizó la denuncia pero recibió amenazas y presiones para desistir de su reclamo de justicia. La investigación tuvo varias irregularidades que terminaron con el cambio del fiscal, porque muchos de los funcionarios de justicia eran también criollos, sin contar su falta de perspectiva de género e intercultural. A Juana la trasladaron para testificar en Cámara Gesell en la caja de una camioneta durante cinco horas con los imputados. Además, los policías que tomaban la denuncia eran parientes de los abusadores. 

La sentencia fue ejemplificadora porque el Estado se convirtió en querellante a través de la Defensoría de Víctimas de Violencia de Género y porque los imputados obtuvieron una sentencia de 17 años. Hasta entonces las denuncias eran inconducentes y los criollos salían impunes. “Recién después de cuatro años los tipos fueron condenados. Los jueces no lo tomaban como algo grave. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Se repara este daño a la víctima?”, insiste Pérez. A la hora del juicio se tomó en cuenta que la manada estaba formada por adultos y menores de edad. Había jefes y reglas. Y apareció una discriminación muy marcada: los imputados hablaban de “una botada”, “una sucia”. 

Los efectores estatales no brindan traductores en la justicia y en la salud. Así lo explica Pérez. Toda frontera cultural implica una jerarquización social, de poder y de saber. Por eso, hace hincapié en la necesidad y urgencia de la educación sexual integral en el ámbito formal y no formal, y capacitaciones en interculturalidad y género para lxs funcionarixs públicxs. Además resalta la importancia de no reproducir la desvalorización y cosificación de las mujeres indígenas en el lenguaje. “Hay una falencia de los actores sociales que están trabajando en el territorio. Lxs docentes, jueces, fiscales, empleados de los municipios deben capacitarse porque si no se sigue naturalizando la violencia a través de los dichos, los piropos, el folklore. Se ha naturalizado el maltrato hacia la mujer (sobre todo la mujer indígena) y su cuerpo”, concluye.

Fuente https://feminacida.com.ar/

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