#PartoRespetado: Las heridas perpetuas del parto de una mujer indígena

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará este año al Estado peruano un informe final sobre el caso de la agricultora cusqueña Eulogia Guzmán, víctima de maltratos que generaron daños irreversibles a su hijo durante su parto en un centro de salud. Su expediente es el primero que se examina como una causa de violencia obstétrica en esta instancia.

La primera vez que Eulogia Guzmán dio a luz en un servicio médico, su bebé estuvo a punto de morir. Antes, había recibido a sus cinco primeros hijos en casa sin complicaciones, pero todo fue muy diferente con Sergio desde el momento que salió en un auto al Centro de Salud de Yanaoca, en las alturas de la región Cusco. La tarde del 10 de agosto de 2003, Eulogia – una agricultora del poblado de Layme, quechuahablante, de entonces 26 años- esperó en el pasillo con fuertes dolores de parto por cerca de media hora sin que nadie saliera a auxiliarla. Su esposo estaba con ella y tuvo que buscar al personal para que la atendiera, pero no llegó a tiempo.

Cuando Eulogia sintió que las contracciones eran cada vez más seguidas y que su bebé ya se asomaba, se acomodó la pollera y se puso de cuclillas para pujar como sabía hacerlo. Pero pocos minutos después, una enfermera apareció en el pasadizo y le ordenó que subiera de inmediato a una camilla. Eulogia le suplicó en quechua que ya no la moviera, que su hijo nacería pronto. “Ama hina Kaychu, amaña kuyurichiwaychu [Ya no me mueva, por favor. Ya no me mueva, por favor]”, repitió varias veces. La enfermera Gladys Limachi no le hizo caso, la tomó fuerte de las muñecas para levantarla y en medio del forcejeo, Eulogia expulsó al niño que cayó bruscamente de cabeza al suelo.

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Eulogia Guzmán vive en la comunidad de Layme, distrito de Yanaoca, en las alturas de Cusco. Todos los días, cuida de sus gallinas y cuyes, y siembra papa y cebada en su pequeña chacra. Foto: Leslie Moreno Custodio

Ese golpe sería el inicio de una serie de abusos contra Eulogia y Sergio, quien como consecuencia de un estado de asfixia neonatal sufrió lesiones cerebrales irreversibles: nunca habló ni caminó, quedó ciego y tuvo convulsiones frecuentes. Eulogia no lo sabía entonces, pero fue víctima de violencia obstétrica. Aún ahora el término le suena lejano, al igual que a la mayoría de mujeres en el Perú, pero es probable que todas reconozcan las situaciones que describe: cuando te someten a tactos vaginales reiterados sin consentimiento; cuando se burlan porque lloras o te impiden preguntar, expresar miedos o inquietudes durante el parto; cuando te desnudan y obligan a dar a luz acostada sin respetar tu cultura; cuando te someten a una cesárea injustificada; cuando alteran el proceso natural de tu parto con maniobras en el vientre y medicamentos sin permiso informado; cuando te separan de tu bebé sin causa médica justificada. Por eso, algunos países como México, Argentina y Venezuela ya consideran la violencia obstétrica como un delito con leyes específicas y sanciones administrativas y penales.

Lejos de ser un fenómeno aislado, este tipo de violencia contra las mujeres es “una forma de vulneración de sus derechos fundamentales extendida y normalizada en los servicios de salud”, se lee en un histórico informe de las Naciones Unidas publicado en setiembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció cinco años antes “como un problema de salud pública” y planteó una reforma en la atención de las mujeres en el sistema médico.

En diciembre de 2019, viajamos al distrito de Yanaoca, en la región Cusco, para entrevistar a Eulogia Guzmán en su casa.

Frente a esto, las mujeres indígenas son las más vulnerables porque han sido históricamente excluidas en distintos aspectos de su vida por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. A pesar de que el Perú es el tercer país de América Latina con el mayor porcentaje de personas indígenas en su población (24%), por mucho tiempo los servicios de salud ignoraron la cultura y las tradiciones de las familias en el nacimiento de sus hijos.

Cuando Eulogia Guzmán y su bebé fueron trasladados de emergencia al hospital regional de Cusco, los abusos se prolongaron. Nuevamente, la dejaron en un pasadizo como si no existiera, no le informaron el estado de salud de su hijo hasta varios días después de su caída, no la dejaron verlo mientras estuvo internado y tampoco le explicaron todo lo que vendría después para mantenerlo con vida. “Se aprovecharon de que yo entonces no entendía castellano”, cuenta Eulogia con su voz dulce y tímida en la pequeña oficina de la Vicaría de Sicuani. Hasta aquí llegamos con ella para revisar el expediente de la denuncia que presentó contra 4 trabajadores del Centro de Salud de Yanaoca por negligencia médica durante el parto hace 17 años. Una abogada de la prelatura la ayudó durante todo este tiempo para que el caso no quedara en el olvido.

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En la Vicaría de Sicuani, la abogada María Concepción Salazar repasa el expediente de Eulogia Guzmán elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Leslie Moreno Custodio

Son cuatro fólderes voluminosos que llevan el nombre de su hijo y que guardan decenas de documentos y fotografías de un episodio que la Corte Suprema archivó en diciembre de 2009, pero que Eulogia Guzmán recuerda como si hubiera ocurrido ayer. Nunca había hablado con periodistas sobre lo sucedido, nunca antes la fueron a buscar a su casa en el poblado de Layme para escucharla.

Pero este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría darle un giro a su caso con el informe final que presentará al Estado peruano tras examinar su expediente durante seis años como el primer caso de violencia obstétrica que llega a esta instancia.

En el plano penal, la denuncia contra la obstetriz Marina Aguilar, la enfermera Gladys Limachi, y los médicos Alberto Zamalloa y Juan Carlos Pelaez es cosa juzgada. El caso fue cerrado pese a que uno de los cuatro acusados había aceptado su responsabilidad y hasta intentó un proceso de conciliación en el que ofrecía pagar 4 mil soles de reparación antes de que se conociera la sentencia que absolvió a todos. Lo que se espera ahora de la CIDH es un informe con conclusiones y recomendaciones al Estado para que se repare el daño en este caso y se establezca una respuesta adecuada del sistema de salud ante otras situaciones de violencia obstétrica. “Si el Estado peruano no cumple, la Comisión remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se pueden ordenar otras medidas de justicia y reparación a Eulogia”, explica Gabriela Oporto, abogada de la organización feminista Promsex, a cargo del caso.

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Los servicios de salud en el Perú están obligados ahora a ofrecer un plan de parto a las gestantes y respetar la postura en la que se sienten más cómodas. Foto: Leslie Moreno Custodio

Las condiciones del parto para las casi tres millones de mujeres indígenas que viven hoy en el Perú no son todavía muy diferentes a las que le tocaron a Eulogia Guzmán en 2003. Los servicios de salud aún enfrentan enormes desafíos para garantizarles un trato digno, con respeto a su cultura y sin coacciones de ningún tipo.“Ahora se cobran multas a las mujeres que dan a luz en sus casas y se hostiliza a las parteras para aumentar las metas de partos institucionales. No se está poniendo en el centro los derechos de las madres indígenas y sus hijos”, advierte en un informe el Centro de Culturas Indígenas del Perú – Chirapaq- que recogió casos de maltratos y violaciones durante el parto de madres indígenas en la región Cusco en 2019.

A pesar de que hace cuatro años el Estado incluyó la violencia obstétrica entre una de las dieciséis modalidades de violencia contra las mujeres y prohibió las prácticas médicas que la describen, no hay sanciones penales y administrativas específicas. Por eso, no se visibiliza y muchas madres tampoco tienen información y caminos claros para denunciar los abusos que ocurren en la atención de su parto. En el caso de las indígenas, la desinformación y el miedo a reclamar es mayor cuando todo el sistema funciona en un idioma que no conocen y se ignoran las condiciones geográficas donde viven, su grado de instrucción y sus costumbres.

En la entrada del Centro de Salud de Yanaoca, hay un letrero grande con dibujos de embarazadas en distintas posturas. Una de las mujeres puja de cuclillas agarrada a una cuerda que cuelga del techo mientras su pareja la sujeta con cariño por la espalda. Esta no es una respuesta a los reclamos de las gestantes que fueron obligadas a renunciar a sus costumbres, sino una estrategia sanitaria que el Perú incorporó desde 2005 para aumentar el número de nacimientos en los servicios médicos y reducir las muertes de madres e hijos durante el parto y post-parto.

Dar a luz de cuclillas es la forma ancestral de cómo venimos al mundo (aparece en pinturas rupestres y en la iconografía de todas las culturas) y una práctica que las mujeres indígenas de los andes y la amazonía aprendieron de sus madres y abuelas en casa. Hasta hace algunos años era impensable que se promoviera en los centros de salud pese a que se acumuló evidencia científica de que en esta postura la mujer hace menos fuerza, siente menos dolor, reduce el sangrado y la posibilidad de desgarros.

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Los días miércoles el Centro de Salud de Yanaoca recibe a más mujeres gestantes para sus controles médicos. Foto: Leslie Moreno Custodio

La voluntad de las mujeres fue dejada de lado desde que el parto dejó de ser una experiencia íntima en el hogar para transformarse en un acto médico controlado en el hospital a comienzos del siglo pasado. Se le impuso pujar acostada en una cama con las piernas abiertas en alto para que el personal gineco-obstétrico saque al bebé con mayor comodidad en ambientes esterilizados. En el Perú, el 92,7% de nacimientos se realiza de esta forma en los servicios de salud.

Aunque al comienzo el Ministerio de Salud incluyó el parto de cuclillas o vertical en los servicios de atención médica para mejorar indicadores de salud pública y no como una restitución de derechos, este fue el punto de partida para varias reformas en el país. A partir del 2007, el Fondo de Población de las Naciones Unidas apoyó programas de partos con enfoque intercultural y el Estado asumió compromisos para reivindicar los saberes y la cosmovisión de las mujeres indígenas en el parto.

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Este es el local del antiguo servicio de salud de Yanaoca donde fue maltratada Eulogia Guzmán. Se ha construido uno más grande al lado. Foto: Leslie Moreno Custodio

Sin embargo, se puede decir que el punto de quiebre ocurrió cuando la OMS apoyó un cambio en todo el modelo de atención médica que violenta a las mujeres. Desde 2014, se habló entonces de restituirles el poder para decidir sobre su embarazo y su parto como un acto natural y no patológico. Esto inspiró el programa piloto llamado Parto Humanizado que empezó en el Instituto Materno Perinatal de Lima como una experiencia que privilegia la voluntad de la mujer y respeta sus tiempos fisiológicos para dar a luz. El programa se extendió a otros hospitales y centros de salud del país con la actualización de la norma técnica de atención del parto publicada en julio de 2016.

fuente https://saludconlupa.com/

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