“Economía Política Argentina: Los primeros años”

El Licenciado Emiliano Parodi, presenta su columna  “Economía Política Argentina: Los primeros años”

El suelo pampeano comenzó a ser ocupado y explotado a fines del siglo XVI, pero el desplazamiento de la frontera con el indio permitió, entre 1870 y 1880, duplicar la superficie apropiada. Con este hecho, culminó una expansión territorial que fue simultánea con la consolidación de una estructura productiva basada en el predominio de la gran explotación. A fines del siglo XVIII, Buenos Aires era en primer lugar una plaza militar y administrativa, y luego un centro comercial asentado en el monopolio colonial. La actividad tenía como eje central, por un lado, la venta al interior de algunas mercancías locales (especialmente mulas) y sobre todo el comercio de esclavos y mercancías europeas ingresadas por el puerto. Por otro lado, también se utilizaba para remitir metales preciosos del alto Perú hacia España, como así también algunas mercancías producidas en el interior del país (dónde se encuentra el mayor porcentaje de población y se realizan las actividades productivas). Se trata de un comercio de larga distancia monopolizado por escasos agentes de casas peninsulares que lograron conformar fortunas en poco tiempo. El sector rural ofrecía entonces limitada cantidad de actividades económicas, debido a la estrechez del mercado interno y la inexistencia de productos susceptibles de exportar.

Con la posibilidad de exportar el ganado, se abren paulatinamente nuevos cauces actividad económica cuyos beneficios, dentro de una sociedad altamente jerarquizada, eran apropiados por los sectores dominantes. El problema era que para participar de dichos beneficios era necesario contar con una propiedad inmobiliaria. Para fines del siglo XVIII, la extensión de tierra disponible era de alrededor de 3.240.000 hectáreas, la cual superaba ampliamente la población de 19.000 habitantes. El ganado que se había reproducido en libertad aparecía como un bien natural sin dueño y la mano de obra asalariada disponible era realmente escaza y de alto valor. Esto era así porque existía la posibilidad de acceder directamente a los a los medios de producción sin necesidad de vender la fuerza de trabajo. La alternativa, para los terratenientes, era la mano de obra esclava, la cual exigía una inversión inicial considerable.

Así el primer paso para evitar la proliferación de las explotaciones individuales fue la apropiación del ganado. Cuando este recurso logra exportarse, su valor comienza a aumentar. Para determinar la propiedad del mismo, el Cabildo establece una norma mediante la cual los vecinos que acrediten tener ganado o haberlo tenido sus ascendientes, eran los propietarios del mismo. Puesto que en aquella sociedad colonia era vecino solo aquel que poseía títulos inmobiliarios, el dominio del suelo deviene en la apropiación de una riqueza que se produjo sin esfuerzo alguno. La propiedad de la tierra carecía de un valor económico significativo fuera del radio de influencia urbana. Pero con la nueva ley adquiere importancia cómo título para la apropiación del ganado. Las tierras no otorgadas al limitado número de fundadores de las ciudades permanecían en poder de la Corona, que podía donarlas, como retribución por servicios, o enajenarlas. Además, la complejidad y el costo del trámite correspondiente, exigía un esfuerzo sólo justificable en la adquisición de grandes extensiones. Con la propiedad circunscripta, el siguiente paso era impedir que el pequeño productor pudiera explotar el ganado si no contaba con una gran extensión de tierra.

La consolidación de la gran propiedad no sólo requería la concentración de la propiedad jurídica de los medios fundamentales de producción. También era necesario implementar una política que fuese capaz de obligar a la mano de obra a prestar servicio en dicha gran explotación. Esto implicaba completar la separación del productor directo de sus condiciones de existencia. Al establecerse la propiedad del suelo y del ganado, se impedía que los mismos sean utilizados libremente como medios de producción. Para fines del siglo XVIII, el stock de ganado necesario para tener una explotación familiar era de mil cabezas de ganado, lo cual representaba diez años de sueldo de un peón. Posteriormente, el gobierno prohibiría la actividad de las pulperías, que era el lugar que utilizaban los productores individuales para comercializar sus mercancías.

En 1653 se ordenó que todo poblador sin trabajo u oficio que no sea dueño de la estancia o tienda o sea el mayordomo de ellas, se enliste en el ejercito o abandone la jurisdicción. Esto constituyó un aval jurídico para el ejercicio del poder terrateniente, a fin de someter a la población al trabajo asalariado y así disciplinarla. A esto se le sumaba el pago de una parte del salario mediante vales y el endeudamiento del trabajador con el estanciero que transforma el abandono del trabajo en un “robo” sancionado penalmente. La mayor parte de la mano de obra se destinó fundamentalmente a la agricultura que, en pequeña escala, no implicaba grandes sumas de capital. A fines del siglo XVIII la gran mayoría de las familias dedicadas a la agricultura no eran propietarias de la tierra que explotaban (un 70%), y solo una reducida parte del total era arrendataria (el 16%). El resto ocupa la tierra bajo diversas categorías: agregados en tierras ajenas por otros (un 24%), ocupantes precarios en tierras con situación jurídica desconocida (28%) y finalmente ocupantes de tierras realengas (eran tierras escogidas por las autoridades españolas con el propósito de entregárselas a españoles que venían acompañados con sus familias y que debían tener características especiales como ser planas, con ríos cuyas fuentes no fueran profundos y además servir para pastoreo y siembra por alquiler de otras etnias como los mestizos, mulatos, y  criollos) (2%).

En este tiempo, el incipiente Estado nacional pasó a ser controlado por una élite intelectual surgida de la pequeña y mediana burguesía urbana cuya ideología económica liberal estaba en sintonía con los intereses del capital comercial. Esta élite procuraría, mediante la constitución de un Estado centralizado, reducir las trabas a la circulación de mercancías, unificar el mercado interno y crear las instituciones económicas y financieras propias del sistema capitalista.

El área conquistara en la provincia de Buenos Aires ascendía, en 1855, a casi 8.900.000 hectáreas como resultado básicamente de las expediciones de Martín Rodríguez en la década de 1820 y de la expedición al desierto de Rosas en 1833 y 1834. En 1855 una ofensiva indígena hace retroceder el área ocupada, pero en la década siguiente se agregarían otras 3 millones de hectáreas, y entre 1867 y 1876 el territorio se duplicaría pasando de 11.666.700 hectáreas a 23.662.800 hectáreas. Luego la tierra se vendía en grandes lotes. En 1822 se prohíbe la enajenación de la tierra pública, que se proyecta dar en garantía de un empréstito externo. Ya reiniciada la venta de tierras en 1836 se enajenan algo más de 4 millones de hectáreas, adquirida solo por 235 personas (la gran mayoría antiguos enfiteutas). En 1838 se sacaron a la venta nuevas extensiones (en iguales condiciones que las anteriores), resultando así en una alta concentración del territorio en pocas manos (en 1840 293 personas poseían 8.400.000 hectáreas).

La acción del Estado tendió a asegurar que la tierra pública sólo se incrementarse cuando existían las condiciones necesaria para que, una vez transferida, fuera rápidamente poblada con ganado. La tierra, sobre todo en los momentos subsiguientes a una nueva expansión, era abundante, y su precio reducido en las áreas más alejadas. Sin embargo, la adquisición de las mismas exigía contar con influencias políticas y la capacidad de adquirir grandes extensiones implicando, por lo tanto, un desembolso de dinero fuera del alcance del pequeño productor. La apropiación del suelo en grandes extensiones confluye así para excluir la posibilidad de acceso para la pequeña y mediana exploración.

La expansión ganadera desplaza el equilibrio de las fuerzas regionales en todo el país. Buenos Aires principalmente incrementa rápidamente su prosperidad en detrimento de otras provincias. Hasta antes de la explosión ganadera, el impacto del libre comercio sobre las artesanías y producciones locales era atenuado por las barreras aduaneras y por el alto costo del transporte de larga distancia. Una vez liberalizado el comercio, comienzan a deteriorarse estas economías. La producción de vino y aguardiente en Cuyo, Catamarca y La Rioja, la actividad algodonera de Catamarca La Rioja y Misiones, la actividad textil cordobesa y muchas otras actividades regionales fueron experimentando un constante retroceso solo compensado, en algunas áreas, por el desarrollo de la ganadería. Esto muestra un proceso de simplificación de la estructura productiva que refleja una creciente inserción periférica en el mercado mundial capitalista. Así, con el impacto de estas medidas sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y la configuración de las clases dominantes se delimita el camino de desarrollo de la economía.

Por otro lado, la creciente especialización industrial inglesa, potenciaba la demanda de alimentos y materias primas que dicho país no podía producir (o no era rentable hacerlo). Así la burguesía industrial inglesa, tras la caída de los fletes como resultado de la revolución en los medios de transporte y la instauración del libre comercio, se encontraba en condiciones de impulsar una ampliación y profundización de la división Internacional del Trabajo. Esto abría a la periferia, y a todos los países nuevos productores de alimentos, un amplio campo de expansión económica. El desarrollo capitalista suplantó aceleradamente las estructuras agrarias europeas liberando grandes masas de trabajadores (dispuestos a emigrar), e incentivando a los capitales de las ciudades a incursionar en nuevos mercados extranjeros.

En este contexto el Estado nacional vas a impulsar un proyecto que tiene como eje a los terratenientes pampeanos, quienes procuraban, mediante el desarrollo del ferrocarril y la inmigración, obtener una rápida valorización de sus tierras en el marco del predominio de la gran propiedad. Diversos sectores de la sociedad perciben, con el ejemplo de Estados Unidos, la potencialidad de desarrollo que implica la colonización basada en la en la pequeña propiedad y la expansión del mercado interno. No existió en la sociedad Argentina un sector industrial significativo interesado en asegurar su expansión mediante la protección aduanera o la alianza con otros sectores más influyentes. La burguesía urbana, casi exclusivamente comercial y financiera, era a su vez parte de la clase terrateniente. Por ello no tenía un interés vital ni en la proliferación de la pequeña propiedad ni en la en el desarrollo del mercado interno.

El argumento contra la pequeña propiedad se basaba en que la misma llevaba a un uso inadecuado del suelo. Los grandes propietarios podían, en teoría, poblar rápidamente de ganado el territorio conquistado y posteriormente aportar las tierras necesarias para la expansión ganadera. Además, las reglas de acceso al suelo que favorecieron la propiedad familiar acarrearon, en los países donde se impusieron, el desplazamiento de los productores ganaderos al priorizar la adquisición de la tierra a los productores agrícolas, lo cual dio como resultado (en Canadá, por ejemplo) una postergación de la puesta en explotación del territorio. Como resultado en 1878 se promulga una Ley General de Tierras qué reemplaza a la ley anterior de dos años atrás. La nueva ley expresa claramente la política de tierras promulgada por los terratenientes: divide la tierra pública en lotes de 1.000 hectáreas contra las 200 anterior; eleva de 5.400 a 30.000 hectáreas la superficie susceptible de ser adquirida por una sola persona en una misma sección o partido y fija que, en el caso de concurrencia en la compra, se daría preferencia al comprador que ofrezca mejor precio (en claro posición a la situación anterior donde se privilegiaba a quién solicitaba menor extensión).

La liquidación del patrimonio inmobiliario de la provincia de Buenos Aires es particularmente rápida, aunque no muy diferente a lo acontecido en las provincias restantes. Por ejemplo, para 1877, en Córdoba habían solo 5.423 propietarios que se repartían casi la mitad de la provincia. El resto de la tierra pública, en menos de 2 décadas pasó enteramente al dominio privado. Lo mismo ocurrió en Entre Ríos y Santa Fe donde también predominó la gran propiedad.

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